Rayón, Chis. — El Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra, con sede en el municipio de Rayón, denunció que la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), creada en la actual administración del morenista Eduardo Ramírez Aguilar, ha dejado una estela de abusos en las comunidades donde opera. Según la organización, este grupo de élite ha incurrido en invasión de territorios, allanamientos de propiedades privadas sin orden judicial e intimidación a la población.
En un documento difundido con motivo de su segundo aniversario, el centro señaló que en el norte de Chiapas y en otras regiones continúan los megaproyectos —como autopistas, ampliación de carreteras y parques turísticos— que amenazan a las comunidades sin tomar en cuenta su consentimiento, generando manipulación y destrucción del territorio.
La agrupación denunció que en la región zoque “la triada gobierno, delincuencia organizada y empresas criminales ha dejado a los pueblos enmudecidos”, y advirtió que el “cáncer de la criminalidad” ha provocado la erosión de los saberes ancestrales y de la espiritualidad de los pueblos originarios.
Espiral de violencia armada
El aniversario fue conmemorado ayer en Rayón, donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó su informe Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal, publicado por primera vez en marzo pasado.
Tras la exposición, el Centro de la Selva Negra emitió un manifiesto en el que recordó el asesinato del sacerdote tsotsil y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez. La organización calificó el crimen como resultado de un “complot criminal” de la triada de poder que lo veía como un estorbo, y denunció que después de su muerte se le continúa difamando con pronunciamientos oficiales y una “mediocre sentencia”.
“La aniquilación de Marcelo buscaba desinstalar los procesos que él acompañaba, silenciar la voz del que clamaba justicia y sembrar miedo en quienes intenten seguir sus pasos”, señaló el centro, al tiempo que advirtió que las amenazas e incidentes de seguridad contra defensores han aumentado.
La organización también lamentó el abandono de la infraestructura básica en la región, como el camino de Ixtacomitán a Chapultenango —utilizado como vía de evacuación en caso de actividad del volcán Chichonal—, que lleva años destruido.
Finalmente, acusó que durante el nuevo gobierno estatal de Morena no se ha hecho “ni el más mínimo esfuerzo” para desmantelar los cacicazgos locales que, desde hace décadas, concentran el poder y generan violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
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