A dos años de su fundación, el Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra emitió un pronunciamiento. La organización alertó sobre graves retrocesos en materia de derechos humanos en Chiapas y en todo el país.
La agrupación tiene su sede en el municipio de Rayón, donde rindió homenaje a Fray Fernando Alvarado. El misionero franciscano falleció en marzo tras años de trabajo social y defensa comunitaria.
En el mismo acto, denunciaron el asesinato del sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez como un crimen de Estado. Señalaron que su muerte fue parte de la represión sistemática contra defensores de la vida.
El comunicado se tituló “Una voz que clama en el desierto” y cuestionó los discursos oficiales. El Centro sostuvo que no existen avances en derechos humanos pese a las cifras gubernamentales.
“La aniquilación de Marcelo buscó silenciar procesos comunitarios e infundir miedo”, señaló el organismo. Enfatizó que tras su asesinato aumentaron amenazas e intimidaciones contra otros defensores.
La organización denunció lo que definió como una “triada criminal” en Chiapas. Señaló como responsables al gobierno federal, al crimen organizado y a empresas extractivas.
El pronunciamiento aseguró que los pueblos de la región norte zoque permanecieron “secuestrados” por esa alianza.
El Centro criticó la creación de la unidad de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. Explicó que protagonizó allanamientos, abusos e intimidación en diversas comunidades.
También denunció que se invisibilizó el desplazamiento forzado en Chiapas. Agregó que migrantes y desplazados internos fueron criminalizados bajo un discurso de “nueva era”.
El comunicado recordó el abandono en infraestructura básica de comunidades rurales. Ejemplo de ello fue el camino entre Ixtacomitán y Chapultenango, crucial ante riesgos volcánicos.
La organización aseguró que esa omisión aumentó la vulnerabilidad de la población.
El pronunciamiento condenó los megaproyectos turísticos y de infraestructura en Chiapas. Consideró que dichas obras amenazaron la unidad comunitaria y el equilibrio ecológico.
Subrayó que tampoco se respetaron los derechos de consulta de pueblos originarios. Según el Centro, la imposición de proyectos debilitó los tejidos sociales y espirituales.
El comunicado también exigió el fin de los cacicazgos políticos en la región. Señaló que familias y clanes permanecieron en el poder mediante partidos, empresas y sectores religiosos.
Esa dinámica fue descrita como un obstáculo para la democracia en Chiapas.
El Centro exigió esclarecer el asesinato de Marcelo Pérez. Demandó también frenar los megaproyectos que afectan la vida comunitaria y el medio ambiente.
Pidió la liberación de presos políticos en Chiapas y el desmantelamiento de cacicazgos. Además, reclamó atención inmediata a la infraestructura básica en comunidades marginadas.
La organización remarcó que esas acciones eran urgentes para restablecer la paz social. Subrayó que los pueblos originarios continuaban en condiciones de abandono.
El pronunciamiento se convirtió en un llamado al gobierno federal y a autoridades locales.
El Centro agradeció el respaldo de otros centros de derechos humanos. Reconoció el acompañamiento de la Orden Franciscana y de organizaciones civiles nacionales e internacionales.
Asimismo, valoró el apoyo de pueblos originarios que compartieron la lucha por la vida. Destacaron que la espiritualidad comunitaria siguió siendo un motor de resistencia.
La declaración cerró con un mensaje de unidad en la defensa de derechos humanos. Insistió en que la memoria de defensores asesinados fortaleció los procesos colectivos. Con ello, el organismo reafirmó su compromiso frente a la violencia y la militarización.–sn–
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