Agua potable insuficiente, deforestación acelerada y presión sobre microcuencas figuran entre los principales desafíos ambientales del estado.
El acceso al agua potable sigue sin estar garantizado para miles de chiapanecos, las selvas del estado se reducen año con año y las microcuencas que abastecen a decenas de comunidades rurales enfrentan una presión constante. Ante esta realidad, el gobierno de Chiapas integró por primera vez un eje ambiental en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2025–2030, recientemente publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Bajo el título “Chiapas con Conciencia Ambiental”, el documento reconoce rezagos críticos en materia ecológica y plantea cinco líneas generales de acción: protección de microcuencas, ampliación del acceso al agua, impulso a energías limpias, educación ambiental y gobernanza participativa. No obstante, el plan no establece metas cuantificables, responsables institucionales ni presupuestos definidos, lo que deja en incertidumbre cómo se cumplirán estos objetivos durante el sexenio.
Agua potable: una deuda histórica
Uno de los puntos más sensibles del plan es el acceso al agua. El documento admite que una parte significativa de la población chiapaneca —sobre todo en comunidades rurales e indígenas— carece de abastecimiento regular y seguro, lo cual representa un riesgo permanente para la salud pública.
El PED propone ampliar la infraestructura hidráulica, dar mantenimiento a sistemas existentes y aplicar modelos de gestión local. Sin embargo, omite detallar qué municipios serán atendidos con prioridad ni cuánto se invertirá para revertir esta situación.
Deforestación y microcuencas en riesgo
En el rubro forestal, el PED reconoce que la deforestación, el cambio de uso de suelo y la degradación ambiental afectan a todo el territorio estatal, incluyendo zonas de alta importancia ecológica como la Selva Lacandona, el cañón del Sumidero o los márgenes del río Grijalva.
Aunque el plan contempla acciones para restaurar áreas degradadas y proteger microcuencas, no menciona si se revisarán concesiones mineras, prácticas ganaderas intensivas o permisos de cambio de uso de suelo que han sido señalados como causas estructurales del deterioro ambiental.
Educación ambiental y participación comunitaria: objetivos sin ruta clara
Otro de los ejes propuestos es la promoción de una “cultura ambiental” mediante campañas de sensibilización, programas escolares y proyectos comunitarios. También se plantea la participación directa de las comunidades en la toma de decisiones, especialmente en regiones con alta biodiversidad.
Pese a estos anuncios, el documento no detalla cómo se garantizará la representación efectiva de pueblos originarios o habitantes de zonas afectadas, ni qué mecanismos se implementarán para asegurar que la participación ciudadana no sea simbólica, sino vinculante.
El Plan Estatal de Desarrollo 2025–2030 traza una hoja de ruta con buenas intenciones en materia ambiental, pero la falta de metas claras, presupuestos asignados y mecanismos de rendición de cuentas plantea dudas sobre su viabilidad real en el corto y mediano plazo.
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