Omisión del Estado en la frontera Chiapas-Guatemala, hay 59 denuncias penales relacionadas con crimen organizado

El 27 de abril pasado en el ejido Sinaloa del municipio Frontera Comalapa, colindante con Guatemala, el agente ejidal Roberto Gómez Hernández y sus hijos Aric Adonai Gómez Cruz y Josefa Gómez Cruz, fueron secuestrados por un grupo de personas armadas, a quienes la población del lugar identifica como integrantes de uno de los cárteles de droga.

En este poblado de menos de mil habitantes han sido secuestrados, y luego desaparecidos, nueve personas, tres de ellos autoridades de la comunidad. Todo de septiembre de 2022 a la fecha, y todo por oponerse a que personas vinculadas con grupos del crimen organizado se asienten en la región, les quiten sus tierras y los recluten de manera forzada.

El primero fue Rolando Rodríguez Molares, comisariado ejidal, secuestrado y luego desaparecido. Siguieron Roberto Jiménez Hernández y luego Candelaria Hernández López. De las otras tres personas desaparecidas las familias no quisieron levantar denuncia penal porque tras ello venía su asesinato o su exilio, según narran familiares de los desaparecidos.

Pero en tres casos las familias sí iniciaron denuncias penales ante la Fiscalía de Justicia del estado de Chiapas; ninguna de ellas ha prosperado, ni porque la familia de uno de los desaparecidos acudió a la ciudad de México y logró hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente remitió a la familia con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien a su vez -según explicaron a la familia- pidió la carpeta de investigación a la Fiscalía de Justicia del estado de Chiapas y pidió se agilizara la investigación, después de eso vino el silencio y nunca más de se comunicaron. Los pobladores de este lugar saben quién es el autor intelectual de los secuestros, y también saben que gozan de impunidad, porque a solo 300 metros del poblado está un cuartel del Ejército Mexicano.

Pero en tres casos las familias sí iniciaron denuncias penales ante la Fiscalía de Justicia del estado de Chiapas; ninguna de ellas ha prosperado, ni porque la familia de uno de los desaparecidos acudió a la ciudad de México y logró hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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