La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde el año 2021 atravesada por un conflicto armado basado en la disputa territorial de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población.
Los municipios afectados por el crimen organizado son La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, entre otros, que implican graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan tanto a la población local como a defensoras, defensores de derechos humanos y la libertad de expresión.
El informe del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, resalta que en el control territorial que se ejerce en las comunidades y pueblos de la Sierra Fronteriza, se abordan los métodos de guerra, enfrentamientos generalizados, uso de explosivos, drones artillados, el control de actividades económicas y de la vida cotidiana, estrategias de terror, el control de instituciones sociales, omisiones y colusión del Estado Mexicano.
Desde el 2021, según las Ong’s se coloca a Chiapas como epicentro de la violencia producto del conflicto entre grupos delictivos, el cual es considerado como trasnacional, por su creciente presencia en Guatemala.
El documento precisa que Chiapas es una región abandonada por el Estado Mexicano, el pacto de impunidad y de silencio ante las estrategias de violencia continua, pues desde el 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se desplegó una nueva forma de remilitarización, con 15 mil elementos entre la Guardia Nacional y la Secretaria de Marina en Chiapas, con el argumento de establecer un control del flujo migratorio y la lucha contra el narcotráfico.
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