Un grave caso de corrupción ha estallado en el estado de Chiapas, involucrando a varios altos funcionarios de la administración del exgobernador Rutilio Escandón Cadenas, ahora cónsul de México en Miami, Florida. Entre los implicados se encuentran Guillermo Ramos Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y varios magistrados y jueces locales.
Las investigaciones, realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), sugieren que estos funcionarios están coludidos con empresarios locales en una red de trata de personas, corrupción judicial, extorsión y lavado de dinero. El caso se centra en el juicio 432/2010, iniciado por Francisco Javier Echeverría Blanco, propietario de la Plaza Baktún, quien demandó a Grupo Diestra por un adeudo de 711 mil pesos.
El peritaje realizado por Ángeles Guadalupe Mendoza Bravo, perito de la Fiscalía Estatal, ha sido cuestionado por su falta de base jurídica y técnica. Las investigaciones también han descubierto que el grupo Baktún, encabezado por Echeverría Blanco y su hijo José Alonso Echeverría, opera giros negros en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se da la explotación sexual forzada y la trata de personas.
La complicidad entre empresarios y funcionarios ha permitido que estas actividades proliferen, generando ganancias millonarias que presuntamente se utilizan para sobornos y otros actos de corrupción. El escándalo ha dejado en evidencia la corrupción y descomposición institucional en Chiapas.
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