La agrupación Colectiva Cereza manifestó su preocupación por la manera en que las mujeres continúan siendo criminalizadas y condenadas debido a su vínculo familiar con presuntos responsables de delitos. Denunciaron que, en múltiples casos, ellas son detenidas y acusadas sin pruebas contundentes, únicamente por ser esposas, concubinas, hermanas o madres de los imputados.
Uno de los casos que expusieron es el de Alejandra, una mujer indígena tseltal del municipio de Yajalón, sentenciada a 110 años de prisión por el delito de secuestro agravado. Según la organización, no existen testigos directos ni peritajes que comprueben su responsabilidad, y su condena se basó en un razonamiento lógico del juez sin pruebas fehacientes.
De acuerdo con Colectiva Cereza, la condena de Alejandra, quien es madre de tres niñas y se encuentra presa en el penal de San Cristóbal, se dictó con base en pruebas circunstanciales, lo que calificaron como una violación a sus derechos humanos.
Falta de perspectiva de género en el sistema judicial
La agrupación señaló que las Fiscalías y los jueces mantienen una visión patriarcal, sin perspectiva de género ni enfoque en derechos humanos, lo que criminaliza a las mujeres solo por su cercanía con los acusados. Explicaron que, en contraste, los hombres pueden recibir mayor empatía por parte de los jueces cuando argumentan su imposibilidad de reacción en ciertos delitos, debido a factores como su paternidad.
Afirmaron que esto representa una discriminación y criminalización de las mujeres por el hecho de serlo, y exigieron que los jueces tomen responsabilidad y apliquen un enfoque de perspectiva de género, de interés superior de la infancia, de interculturalidad y de derechos humanos, como lo establece la Constitución.
Denuncian corrupción y violaciones a derechos humanos
Colectiva Cereza advirtió que el Tribunal de Enjuiciamiento debe actuar de manera independiente, sin presiones externas que comprometan su autonomía. Denunciaron que, en algunos casos, cuando la Fiscalía no tiene pruebas suficientes, busca influir en el Tribunal Superior de Justicia para obtener sentencias condenatorias, lo que consideraron corrupción y malas prácticas.
Además, señalaron que la Fiscalía presiona a otras instituciones para colaborar en violaciones a los derechos humanos. Como ejemplo, mencionaron a las Procuradurías locales del DIF, que firman entrevistas de la Fiscalía con niños y niñas a posteriori, sin haber estado presentes en las mismas.
También acusaron a la Fiscalía Indígena de manipular y amenazar a niños y adolescentes para que declaren en contra de sus madres, lo que viola sus derechos constitucionales y tratados internacionales firmados por México.
Llamado a la Fiscalía General del Estado
Ante esta situación, la colectiva exigió que la Fiscalía General del Estado adopte medidas urgentes para garantizar investigaciones con perspectiva de género y derechos humanos. Pidieron que se detenga la fabricación de delitos en contra de mujeres y se erradiquen las prácticas que generan condenas injustas y afectan directamente a sus hijos e hijas, colocándolos en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social.
Finalmente, reiteraron que la falta de debido proceso, la mala defensa pública y la falta de preparación técnica de peritos han derivado en múltiples sentencias injustas, lo que evidencia la urgencia de reformar el sistema judicial para evitar más casos como el de Alejandra.
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