Madres en Resistencia bloquean vialidades en Tuxtla Gutiérrez; exigen justicia y denuncian filtración de imágenes de feminicidio

Vialidades clave de la capital chiapaneca se vieron colapsadas este lunes por la tarde debido a un bloqueo encabezado por la colectiva Madres en Resistencia, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Desde las 15:00 horas, un grupo de 10 mujeres se plantó en el carril oriente a poniente del Libramiento Norte, a la altura de la Fiscalía, iniciando un plantón indefinido. El objetivo: exigir justicia y una investigación formal por la presunta filtración de imágenes sensibles del cuerpo de una víctima de feminicidio, caso que señalan directamente contra Lisbeth Córdoba, funcionaria de la institución.

La fundadora de la colectiva, Adriana Gómez, denunció públicamente que una persona cercana le confesó haber visto fotografías del cuerpo de su hija, Jade, en una carpeta de investigación mostrada por la subdirectora Córdoba.

“Ella me dice en el camino: ‘acabo de ver a tu bebé, acabo de ver a Jade, la subdirectora Lisbeth Córdoba me mostró la carpeta de investigación donde tu hija estaba colgada’. No se imaginan el dolor que sentí en ese momento, la frustración y el coraje de pensar que si hacen esto conmigo, ¿qué más imágenes no han mostrado?”, declaró Gómez.

La protesta ha tenido un fuerte impacto vial, colapsando arterias principales como el Libramiento Sur, la 9ª Avenida Sur, los bulevares Ángel Albino Corzo, Paseo de los Cafetales, Andrés Serra Rojas, así como la carretera Panamericana y la vía Tuxtla-Chiapas de Corzo, extendiendo el tráfico hasta el fraccionamiento Jardines de Grijalva.

Pese a la presencia de personal de la Fiscalía, las manifestantes han sido claras: no dialogarán con ningún funcionario que no sea el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca. Advirtieron que, de no ser escuchadas, extenderán el bloqueo y cerrarán también el carril de poniente a oriente del Libramiento Norte.

La colectiva reiteró que no levantarán el plantón hasta tener una respuesta directa de las autoridades y una garantía de que se investigarán las denuncias por revictimización y mal manejo de evidencias en casos de feminicidio.

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