Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que familias de los municipios de Arriaga y Pijijiapan están siendo criminalizadas en el contexto de las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), al enfrentar procesos penales por supuesta invasión de bienes nacionales, señaló el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C..
Según la organización, Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT) presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias penales contra siete personas, principalmente mujeres, para exigir la entrega del derecho de vía ferroviaria en zonas donde se planea desarrollar parte de la infraestructura del corredor.
Defensores de derechos humanos calificaron esta medida como un uso desproporcionado del sistema penal, que no solo criminaliza a personas en situación de vulnerabilidad, sino que además podría utilizarse para presionar y desplazar familias de sus territorios sin garantías de consulta, reubicación o reparación del daño.
Críticas frente a megaproyectos
En sus pronunciamientos, el Centro Digna Ochoa resaltó que el uso de acciones penales ante conflictos territoriales, sociales o administrativos contraviene principios fundamentales del Estado de Derecho, como la proporcionalidad, la mínima intervención penal y la justicia social. Asimismo, aseguró que los desalojos forzosos sin procesos adecuados, sin consulta previa ni alternativas dignas, constituyen violaciones graves a derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales ratificados por México.
Organizaciones sociales han señalado que eventos similares también se presentan en otras regiones donde avanzan megaproyectos, generando tensiones entre comunidades, autoridades y empresas adjudicadas a estas obras. Las denuncias incluyen desde falta de consulta previa e información a las poblaciones afectadas hasta la percepción de que el sistema penal se utiliza como herramienta para inhibir la resistencia social.
Llamados a diálogo y respeto a derechos
Los colectivos exigieron el cese inmediato de las denuncias penales contra las familias —mujeres en su mayoría— implicadas en estos procesos, la revisión exhaustiva y eventual desestimación de las causas, la garantía del debido proceso y la protección de la integridad personal de las personas denunciadas. Además, solicitaron la apertura de mecanismos de diálogo en los que participen las familias afectadas, autoridades y organismos de derechos humanos, así como la suspensión de cualquier intento de desalojo o recuperación coercitiva del derecho de vía hasta que existan condiciones legales y sociales adecuadas.
El caso subraya las tensiones persistentes entre la implementación de grandes proyectos de infraestructura y los derechos de las comunidades locales, en un contexto en el que diferentes colectivos han denunciado la falta de consulta previa, libre e informada, la criminalización de la pobreza y el riesgo de desplazamiento territorial sin garantías de justicia ni reparación.
