La mañana del domingo 13 de febrero de 2022, tres trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) abordaron una camioneta oficial para atender una falla eléctrica en el tramo carretero Chamic-Paso Hondo, en el municipio Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala. Era una jornada laboral más. Sin embargo, después de la una y media de la tarde dejaron de responder llamadas y mensajes.
Dos días después la unidad fue localizada abandonada, con las herramientas y los teléfonos celulares en su interior. De ellos nunca más se supo.
Los desaparecidos son Antonio de Jesús Sánchez Gómez, Anastacio de Jesús Alfonso Argüello y Juan Carlos Pérez López, quienes laboraban en el área de Distribución de la CFE en Frontera Comalapa.
Sus familias denunciaron los hechos ante la Fiscalía General del Estado, pero a más de cuatro años de su desaparición siguen sin obtener respuestas sobre su paradero, mientras que la CFE, además de guardar silencio sobre estas desapariciones ocurridas durante una encomienda de trabajo, no les ha brindado apoyo alguno, señalan.
“Hasta hoy, después de cuatro años, no sabemos absolutamente nada de él”, resume Marisela Sánchez Gómez, hermana de Antonio, ingeniero electricista de la paraestatal.
Aquella mañana los tres trabajadores fueron enviados a reparar una falla por cargas bajas en el circuito Chamic-Paso Hondo, una ruta que la propia CFE mantenía bajo vigilancia debido a las condiciones de inseguridad en la región. Salieron a cumplir la orden de trabajo y poco después del mediodía toda comunicación con ellos se perdió.
El martes siguiente la camioneta oficial fue hallada a aproximadamente un kilómetro antes de llegar a la comunidad de Mújica. Dentro permanecían el equipo de trabajo, documentos y pertenencias personales. De los tres empleados no había rastro alguno.
Cuatro años sin respaldo institucional
Durante todo este tiempo la Comisión Federal de Electricidad no les ha brindado apoyo. “La CFE no ha apoyado en absolutamente nada”, afirma Marisela Sánchez.
La desaparición ocurrió mientras los trabajadores cumplían funciones laborales y atendían una orden oficial de servicio. Sin embargo, sostiene que la empresa manejó el caso con total discreción y que la noticia tuvo escasa difusión pública, pese a involucrar a empleados de una empresa del Estado mexicano.
Hasta la fecha la paraestatal no ha emitido un posicionamiento público sobre la desaparición de sus tres trabajadores.
Además de la incertidumbre, la familia enfrenta obstáculos legales. A más de cuatro años de los hechos aún no ha logrado obtener la Declaración Especial de Ausencia, un mecanismo previsto en la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y en la legislación estatal, que puede solicitarse tres meses después de presentada la denuncia.
Este documento protege la personalidad jurídica de la persona desaparecida y permite que sus beneficiarios conserven derechos laborales y prestaciones mientras continúa la búsqueda.
La ausencia de este reconocimiento ha afectado directamente a la familia de Antonio. Su hija cursaba la primaria cuando desapareció su padre; hoy estudia el nivel medio superior sin haber contado con los beneficios que la ley contempla para estos casos.
Marisela describe un proceso burocrático que parece reiniciarse constantemente. “Cuando ya vamos avanzando un poquito resulta que cambian al Ministerio Público o al fiscal encargado; entonces todo retrocede y volvemos a empezar de cero”, relata.
La familia también solicitó apoyo de las autoridades de seguridad para realizar búsquedas en puntos específicos identificados mediante registros telefónicos. Sin embargo asegura que las diligencias no se realizaron debido a que la zona era considerada demasiado peligrosa.
Una región marcada por la violencia
El lugar donde desaparecieron los trabajadores es señalado por habitantes de la región como uno de los tramos más peligrosos de la frontera entre México y Guatemala.
Desde 2021 la violencia se intensificó en municipios de la frontera y la Sierra de Chiapas debido a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado. La confrontación ha dejado asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, bloqueos carreteros y comunidades enteras sometidas al miedo.
Antonio había comentado esa situación a sus familiares semanas antes de desaparecer. Durante una visita realizada en enero de 2022 relató que en Frontera Comalapa prácticamente existía un toque de queda informal y que después de las cuatro de la tarde las calles quedaban vacías.
La llamada de servicio que movilizó a la cuadrilla aquel domingo llegó, sin embargo, en plena mañana.
La Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares mantiene abierta la carpeta de investigación. Por ley, este delito se persigue de oficio y se considera permanente mientras no se determine el paradero de la víctima.
Ante la falta de avances, los familiares analizan enviar una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum y difundirla a través de medios de comunicación para exponer el largo camino recorrido durante estos cuatro años de búsqueda.
