Las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas han ido en aumento en el estado de Chiapas, en medio de un contexto de creciente militarización y violencia que ha convertido a la entidad en uno de los lugares más peligrosos para ejercer la labor social y periodística en México.
De acuerdo con un informe presentado por organizaciones civiles, entre enero de 2024 y julio de 2025 se registraron 156 ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos, entre ellos cuatro asesinatos y más de un centenar de agresiones directas relacionadas con su trabajo comunitario. Solo en los primeros siete meses de 2025 se contabilizaron 79 agresiones, lo que representa un incremento del 29 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Violencia y criminalización
Las organizaciones advierten que, a diferencia de años anteriores, la mayoría de los ataques ya no provienen exclusivamente del crimen organizado, sino de funcionarios públicos y actores estatales, lo que agrava la situación de impunidad y desprotección.
Las agresiones incluyen intimidaciones, vigilancia, difamación, allanamientos y ataques armados. En muchos casos, las víctimas son mujeres dedicadas a la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos originarios: ellas representan el 66 % de los casos documentados durante este periodo.
En paralelo, la labor periodística también enfrenta un escenario hostil. Solo en el último año se reportaron 21 agresiones contra mujeres periodistas, lo que convierte a 2025 en uno de los años más violentos para la prensa en Chiapas. Reporteras locales han denunciado amenazas directas, hostigamiento en redes sociales y obstáculos para acceder a información pública.
Un estado militarizado y bajo riesgo
Chiapas, uno de los estados con mayor presencia de fuerzas armadas en el país, vive una militarización que, lejos de frenar la violencia, ha generado nuevas tensiones entre comunidades. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la estrategia de pacificación impulsada por el gobierno federal “no ha garantizado la seguridad ni la justicia para las víctimas”, y advierten que el despliegue militar se ha convertido en una medida de control más que de protección.
Las comunidades indígenas, especialmente en regiones como Los Altos, Selva y Frontera, continúan denunciando hostigamiento por parte de grupos armados y fuerzas de seguridad, así como desplazamientos forzados y amenazas constantes a quienes documentan los abusos.
Exigen medidas urgentes
Ante el incremento de agresiones, colectivos y observatorios de derechos humanos exigieron al Estado mexicano reconocer públicamente la legitimidad de la labor de defensa y del periodismo comunitario, así como adoptar medidas de protección efectivas y diferenciadas.
También solicitaron una revisión inmediata de la estrategia de seguridad en Chiapas, priorizando el diálogo comunitario y el acceso a la justicia sobre el despliegue militar.
“Defender derechos humanos no debería costar la vida”, advirtieron las organizaciones, recordando que cada ataque contra periodistas o defensoras representa un golpe a la democracia y a la libertad de expresión en el país.
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