La entidad del sur de México vive una crisis profunda en materia de derechos humanos, advirtió Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Raúl Vera López, presidente de dicho organismo, señaló que el panorama se caracteriza por la violencia estructural, el control armado de territorios y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.
Entre los factores que agravan la situación, Vera López menciona:
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El asentamiento de grupos armados y la falta de control pleno del Estado en varias regiones.
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El desplazamiento interno de poblaciones indígenas como efecto de conflictos por tierra y recursos.
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Una débil garantía de acceso a la justicia y protección para víctimas de violaciones graves.
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El rezago en el desarrollo socioeconómico y la marginación continua de comunidades rurales e indígenas.
El Frayba advierte que estas condiciones no sólo constituyen violaciones aisladas, sino un patrón sistemático que pone en riesgo derechos como la vida, la integridad, la alimentación, la vivienda digna y la participación libre de las comunidades afectadas. En ese contexto, hace un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que se adopten medidas inmediatas de prevención, protección y reparación.
Las organizaciones de la sociedad civil han subrayado que el reconocimiento de esta crisis es un primer paso indispensable para diseñar estrategias que aborden las causas profundas: desigualdad, impunidad, control territorial, así como la falta de mecanismos eficaces de atención a víctimas.
El reto es mayúsculo, pues implica no sólo contener la violencia y la vulneración de derechos, sino reconstruir las condiciones para que las víctimas puedan acceder a la justicia, participar en la toma de decisiones de sus comunidades y vivir sin temor.
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