Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos denunciaron que el desplazamiento forzado en Chiapas se ha convertido en una “crisis sostenida en el tiempo”, relacionada directamente con la presencia y expansión de grupos armados ligados a economías ilícitas que ejercen control territorial mediante amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado y violencia directa.
De acuerdo con el segundo informe Chiapas, la paz pendiente, elaborado por diversas agrupaciones entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el fenómeno no es aislado ni temporal, pues persisten condiciones de inseguridad que obligan a cientos de familias a abandonar sus comunidades.
El documento señala que, aunque algunas personas desplazadas han logrado regresar a sus localidades, lo hacen en contextos de riesgo permanente, por lo que el retorno no representa una solución definitiva, sino parte de un ciclo continuo de expulsión, retorno precario y posible nuevo desplazamiento.
Las organizaciones aseguraron que la violencia generada por grupos armados continúa siendo el principal factor de expulsión, en medio de una respuesta limitada por parte de las autoridades estatales y federales.
El informe detalla que durante 2025 la región Sierra Frontera de Chiapas siguió enfrentando desapariciones forzadas y desplazamiento interno, derivado de la disputa territorial de grupos del crimen organizado que buscan mantener el control de las zonas ocupadas.
Las agrupaciones señalaron que, pese al despliegue de operativos de seguridad pública y a la ampliación de funciones policiales, la violencia persiste en las comunidades fronterizas.
Asimismo, denunciaron que la desaparición forzada continúa presente en Chiapas, particularmente en la región fronteriza, donde se concentra el 10.58 por ciento de los casos registrados en el estado. Indicaron además que existe una relación entre las desapariciones y el hallazgo de fosas clandestinas.
El informe advierte que este tipo de violencia suele utilizarse como mecanismo de venganza, castigo o despojo contra familias consideradas opositoras o con liderazgo comunitario, además de afectar principalmente a sectores vulnerables como niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en movilidad.
Las organizaciones denunciaron también que múltiples desapariciones ocurrieron ante la presunta tolerancia o complicidad de corporaciones policiacas municipales y estatales, situación que —afirmaron— fortalece la impunidad de los grupos criminales.
Los organismos recordaron que desde finales de 2024 la percepción de inseguridad en Chiapas se incrementó significativamente, sin que existieran acciones claras y efectivas por parte de las autoridades para contener la violencia derivada de la disputa entre grupos delictivos.
El documento fue elaborado por el Grupo de Trabajo Región Frontera, integrado por el Frayba, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”, Movilidades Libres y Elegidas, Voces Mesoamericanas y Servicios y Asesoría para la Paz, con acompañamiento del Servicio Internacional por la Paz (Sipaz) y la organización sueca SweFOR.
Las agrupaciones señalaron que el informe surge en un contexto donde el gobierno mantiene una narrativa oficial que minimiza o invisibiliza las violaciones a derechos humanos y la violencia que persiste en diversas regiones del estado.
El reporte, de 120 páginas, comprende del 7 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 y busca documentar la evolución de la violencia y las afectaciones humanitarias en la región fronteriza de Chiapas durante el cambio de administración estatal y federal.
