A pesar de que el Índice de Paz en México 2024 coloca a Chiapas entre las cinco entidades más pacíficas del país, la realidad para muchos habitantes dista de ser tranquila. Desde hace tres años, la violencia generada por el crimen organizado ha transformado diversas regiones del estado, como la Sierra Fronteriza, la Selva Lacandona, los Altos y el Soconusco, entre otras, en zonas afectadas por desplazamientos forzados, ejecuciones, secuestros y reclutamiento de jóvenes por cárteles que disputan el control del territorio.
Uno de los episodios más críticos ocurrió en julio de 2021 en Frontera Comalapa, donde el puente Selegua fue escenario de enfrentamientos entre grupos armados. La situación en este municipio fronterizo se ha agravado con el secuestro de Aníbal Roblero Castilla, presidente municipal electo, quien fue privado de su libertad el 3 de septiembre de 2023. A pesar de los 17 días transcurridos desde su desaparición, su familia no ha recibido información de las autoridades ni del partido que representaba, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Su hijo, Alberto Roblero, ha suplicado el regreso sano y salvo de su padre, un hombre que, según su familia, solo busca trabajar por el bienestar de su comunidad.
En paralelo, la Selva Lacandona también sufre el asedio de grupos criminales. En septiembre de 2023, cuatro familias fueron desplazadas forzosamente tras denunciar el uso de sus tierras para el narcotráfico. Los líderes indígenas que defienden el territorio han sido amenazados e incluso han presentado denuncias penales ante la Fiscalía de Chiapas. Sin embargo, la dependencia se ha limitado a reconocer su situación como “vulnerable” sin otorgarles el estatus de desplazados forzosos.
La violencia en Chiapas también ha afectado gravemente a defensores de derechos humanos. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en México se han registrado 282 agresiones y 92 asesinatos contra activistas. Chiapas no es la excepción, con casos emblemáticos como el asesinato de Sinar Corzo Esquinca en 2019, quien denunció arbitrariedades en Arriaga, y Mariano Abarca, quien fue asesinado en 2009 por oponerse a las mineras en Chicomuselo.
Recientemente, la violencia alcanzó niveles alarmantes cuando tres hombres armados asesinaron a una persona e incendiaron su vivienda en Berriozábal, provocando la muerte de una niña de tres años. Las fuerzas federales detuvieron a tres jóvenes presuntamente involucrados, pero aún no se ha esclarecido el paradero de la persona privada de su libertad.
En medio de este caos, la iglesia ha alzado la voz para pedir paz y advertir que la historia juzgará la indolencia del Estado y de los grupos criminales que permiten la proliferación de la violencia.
