Un informe de la organización destaca las crecientes cifras de impunidad en delitos como homicidio, desaparición y extorsión en el país.
En México, el 96.3% de los delitos denunciados en el fuero común quedan impunes, de acuerdo con el informe «Hallazgos 2023» de la organización México Evalúa.
Este estudio, enfocado en la evaluación del sistema de justicia penal, señala que los mayores índices de impunidad se encuentran en los delitos de alto impacto, como desaparición forzada, extorsión y homicidio doloso.
La impunidad en desaparición forzada alcanza un 99.5%, mientras que en extorsión, fraude y homicidio doloso se mantienen en cifras superiores al 96%.
El reporte indica un incremento en la impunidad en varios delitos en comparación con el año anterior. La impunidad en secuestro creció un 4.2%, en desaparición un 3% y en homicidio un 1.1%. Sin embargo, se observaron reducciones en delitos como narcomenudeo (-2.2%), feminicidio (-1.9%) y violencia familiar (-1.8%). Estos cambios sugieren retos diversos en la aplicación de justicia a nivel nacional.
Entre las entidades con mayores índices de impunidad se encuentran Oaxaca, Jalisco y Colima, superando el 97%. En contraste, estados como Michoacán, Querétaro y Guanajuato presentan cifras más bajas, aunque aún mantienen niveles elevados de impunidad.
Durante la presentación del informe, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la alineación de las políticas de seguridad y justicia con el respeto a los derechos humanos.
Campos también destacó la importancia del acceso al derecho a la información y la labor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en garantizar este derecho. Subrayó que sin esta infraestructura, organizaciones como México Evalúa enfrentarían dificultades para realizar estudios y diagnósticos sobre la justicia en México.
El informe revela que las fiscalías y defensores públicos del país enfrentan una carga de trabajo considerable, con un promedio de 310 carpetas de investigación por fiscal en 2023, frente a las 181 de 2022. Este aumento «plantea riesgos como errores procesales y defensas insuficientes, afectando el debido proceso en México y cuestionando el acceso a una justicia pronta y expedita».
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