Con el objetivo de fortalecer la legalidad electoral y proteger los derechos políticos de las mujeres, diputadas, autoridades electorales y representantes de la sociedad civil presentaron una iniciativa de reforma para impedir que personas agresoras accedan a cargos públicos en Chiapas.
La propuesta busca que ninguna persona con sentencia firme o resolución definitiva por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género pueda registrarse como candidata, ocupar un cargo de elección popular o desempeñarse en el servicio público.
La iniciativa fue impulsada por las diputadas Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Magali Anabel Arellano Córdova; con el acompañamiento de la consejera María Magdalena Vila Domínguez y la presidenta de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, María Teresa Olvera Caballero.
De acuerdo con la propuesta, se plantea armonizar la legislación local con el marco constitucional federal, a partir de modificaciones relacionadas con el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas.
Uno de los puntos centrales establece que las personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género queden suspendidas en sus derechos político-electorales. Esto impediría su registro como candidatas o candidatos a puestos de elección popular.
La reforma también propone que una elección pueda ser anulada cuando se acredite que durante el proceso electoral se ejerció violencia política contra las mujeres en razón de género.
Además, contempla que el partido político o candidatura responsable de estas conductas no pueda participar en la elección extraordinaria que se convoque, con el fin de evitar que la agresión produzca beneficios políticos.
Las promoventes señalaron que una democracia efectiva requiere que las mujeres participen en condiciones de igualdad, seguridad y libres de discriminación y violencia.
La iniciativa integra trabajo legislativo, demandas ciudadanas y análisis académico para fortalecer el marco electoral en Chiapas y cerrar espacios de impunidad frente a la violencia política contra las mujeres.
