Las cifras de feminicidios en Chiapas durante 2026 presentan diferencias entre los registros oficiales y los datos recopilados por organizaciones civiles. Mientras la colectiva 50+1 reporta 30 casos, la Fundación Karla Velasco Familias Víctimas de Feminicidio y Homicidio documenta 45 víctimas, una diferencia de 15 casos que refleja la necesidad de revisar los mecanismos de registro y seguimiento de estos delitos.
Maricruz Velasco Nájera, representante de la fundación, atribuyó parte de las dificultades para acceder a la justicia a presuntas omisiones y prácticas irregulares dentro de la Fiscalía de la Mujer, dependencia de la Fiscalía General del Estado. Señaló que algunas mujeres que acuden a denunciar violencia familiar enfrentan obstáculos para que sus casos sean recibidos e investigados.
La activista afirmó que las víctimas son revictimizadas mediante cuestionamientos que minimizan las agresiones o ponen en duda la necesidad de presentar una denuncia. Según su testimonio, en algunas agencias del Ministerio Público se condiciona la atención a que las mujeres presenten lesiones físicas visibles, lo que desincentiva la denuncia y deja situaciones de violencia sin seguimiento institucional.
Velasco Nájera también denunció presuntos actos de corrupción y aseguró que ha recibido señalamientos sobre posibles pagos de agresores para retrasar o frenar investigaciones. Sostuvo que estas prácticas deben investigarse y que la capacitación del personal no será suficiente mientras persistan conductas que impidan a las víctimas obtener atención y protección.
La representante cuestionó además los resultados de la Alerta de Violencia de Género, vigente en Chiapas desde 2016, al considerar que las medidas implementadas no han conseguido prevenir los feminicidios ni garantizar el acceso efectivo a la justicia para las mujeres.
De acuerdo con los registros históricos de la fundación, en Chiapas se documentaron 39 feminicidios en 2022, 35 en 2023, 40 en 2024 y 30 en 2025. Para 2026, la organización contabiliza 45 casos. La diferencia entre los registros debe analizarse considerando los criterios de clasificación y documentación de cada organismo, mientras los señalamientos contra personal de la Fiscalía requieren investigación por parte de las autoridades competentes.
