Chiapas plantea decomisar inmuebles utilizados por bares irregulares y puntos de distribución de drogas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, envió al Congreso del Estado una iniciativa denominada Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados, con la que busca ampliar las facultades de la Fiscalía General del Estado para recuperar propiedades relacionadas con actividades ilícitas.

La propuesta contempla recurrir a la figura de extinción de dominio contra inmuebles donde operen bares, cantinas y establecimientos de venta de bebidas alcohólicas que incumplan las disposiciones legales. El mandatario explicó que en algunos municipios estos negocios no respetan los horarios autorizados y presuntamente funcionan también como puntos de distribución de drogas.

Ramírez Aguilar señaló que varios establecimientos carecen de licencias para vender alcohol, permisos de uso de suelo y medidas de seguridad de Protección Civil. Advirtió que estas condiciones representan un riesgo para quienes acuden a esos lugares, particularmente para los jóvenes.

El gobernador hizo un llamado a los propietarios de inmuebles para que verifiquen el uso que sus arrendatarios darán a los espacios y comprueben que cuentan con las autorizaciones correspondientes. Sostuvo que las acciones no se limitarían a sancionar a quienes cometan delitos, sino que también podrían alcanzar a las propiedades cuando se acrediten los supuestos legales para aplicar la extinción de dominio.

La iniciativa deberá ser revisada y discutida por el Poder Legislativo antes de convertirse en ley. La presidenta del Congreso local, Marcela Castillo, informó que el documento sería presentado ante el pleno para iniciar su trámite y aseguró que cualquier procedimiento deberá respetar las garantías jurídicas de los propietarios.

La propuesta se suma a las medidas estatales para regular los establecimientos nocturnos y combatir los negocios que operan fuera de la normativa. Su aplicación dependerá de los alcances que establezca el Congreso y de los procedimientos legales que correspondan a cada caso.

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Redacción
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