Amnistía Internacional condenó el asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos e integrante del pueblo indígena tzotzil, ocurrido el 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, y exigió a las autoridades investigar el crimen considerando su trabajo de defensa de comunidades desplazadas como una posible línea de investigación.
La organización recordó que Pérez Pérez acompañaba desde hacía más de una década a familias indígenas obligadas a abandonar sus hogares por la violencia en la región de Los Altos de Chiapas. Su labor incluía exigir condiciones de seguridad para que las personas desplazadas de Santa Martha pudieran regresar a sus comunidades y denunciar las agresiones cometidas contra la población.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que el defensor contaba con medidas de protección oficiales desde 2023. Antes de ser asesinado había denunciado amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados, antecedentes que incluso fueron expuestos ante organismos de Naciones Unidas en 2025.
Amnistía Internacional pidió a la Fiscalía General del Estado garantizar a sus familiares el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño. También solicitó revisar y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el propósito de evitar que otras personas que realizan esta labor sean víctimas de nuevas agresiones.
El organismo relacionó el homicidio con el contexto de violencia y desplazamiento forzado que persiste en Chiapas. De acuerdo con cifras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en la entidad se contabilizan 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado interno.
La organización también advirtió que cientos de familias continúan fuera de sus comunidades debido a la violencia armada y al control territorial de grupos criminales, particularmente en la región fronteriza con Guatemala. Ante este panorama, llamó al gobierno estatal a atender las causas del desplazamiento y garantizar condiciones de seguridad para las personas que buscan regresar a sus hogares.
