Cerca de 50 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares en Chiapas entre 2016 y 2025 a consecuencia de la violencia, de acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de Desplazamiento Interno en México, desarrollado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
Durante el encuentro académico Del asedio a la paz pendiente: informes sobre la crisis de violencias en Chiapas, especialistas y organizaciones civiles advirtieron que la entidad concentró aproximadamente 30 por ciento del desplazamiento interno forzado documentado en el país durante ese periodo.
Uno de los episodios más graves ocurrió en 2024, cuando se identificaron 17 mil 865 personas desplazadas en el estado. En el municipio de Tila, por ejemplo, 6 mil 865 habitantes abandonaron sus viviendas durante una noche debido a la violencia.
La investigadora Janette Carrillo señaló que México todavía carece de registros suficientemente completos para conocer cuántas personas continúan desplazadas, dónde se encuentran y cuántas han logrado regresar a sus comunidades. Por ello, planteó impulsar una ley federal que homologue los registros y establezca mecanismos de atención en todo el territorio nacional.
Durante el encuentro también se expusieron las consecuencias sociales del desplazamiento, como la pérdida de viviendas y tierras de cultivo, la separación de familias, la interrupción de estudios y las dificultades para acceder a servicios básicos. Los especialistas señalaron que la disminución de enfrentamientos armados no necesariamente significa que las comunidades hayan recuperado condiciones de seguridad.
Por su parte, el Observatorio de Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas documentó 124 agresiones contra defensores durante 2025, un aumento de 25 por ciento respecto al año anterior. Las organizaciones participantes coincidieron en que la atención debe incluir protección, asistencia humanitaria, reparación de daños y garantías para un retorno voluntario y seguro.
